miércoles, 19 de febrero de 2014

TIERRA Y LIBERTAD CONTRA SENTENCIA A ECOLOGISTAS POPULARES DEL VALLE DEL TAMBO



Tierra y Libertad repudia sentencia judicial contra defensores del Valle de Tambo
Una vez más el Poder Judicial demostró que actúa apoyando los abusos de las empresas mineras. El martes 18 de febrero el juez Elber Campano Espejo sentenció a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a seis dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa.
La sanción judicial afecta a Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, Jaime de la Cruz Gallegos, José Luis Chapa Díaz, Efraín Puma Puma, Milton Abramonte Cienfuegos y Rubén Quispe Colla.
El juez les acusa de ser coautores del delito de “entorpecimiento de servicios públicos” y sustenta su decisión en que fueron dirigentes de la huelga indefinida realizada los días 14 al 19 de abril del 2010 en rechazo al proyecto minero Tía María, propiedad de la transnacional Southern C.C. Sin embargo, dicha protesta era justificada: el EIA - Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto fue anulado el 2011 por el gobierno de Alan García tras recibir más de 100 observaciones críticas por parte de las Naciones Unidas (UNOPS).
Esta sentencia contra los dirigentes de los pueblos agricultores de Islay significa un abuso más del gobierno de Ollanta Humala en su intento de imponer nuevos proyectos extractivos sin importarle los desastres ambientales que ocasionaría una mina que explote cobre a tajo abierto en la zona. La sentencia busca impedir nuevamente (ya lo hicieron el 2010) que los líderes sociales se presenten como candidatos en las próximas elecciones municipales, sin importarles atentar contra la democracia. Lo hacen porque la Southern y el gobierno saben que serían ganadores de la contienda electoral.
Estas poblaciones, además de la huelga del 2010, realizaron una consulta ciudadana que rechazó por abrumadora mayoría (92%) la instalación del proyecto Tía María o de cualquier otra mina en el Valle de Tambo, para defender el agua de la contaminación con sustancias tóxicas.




Pese a ello, dos años después el Ministerio de Energía y Minas acepta a trámite un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el cual la transnacional Southern insiste en llevar a cabo su ambicioso negocio cuprífero. Al abuso se suma la burla a las leyes internacionales y a la propia Constitución cuando la empresa Southern con respaldo oficial lleva a cabo fraudulentas reuniones de “consulta social”, con represión de la población que denuncia el engaño, para justificar una supuesta aprobación del nuevo EIA sin que este pueda ser evaluado seriamente por la población.
Todas estas burdas maniobras del gobierno y la transnacional Southern han provocado el reinicio de la protesta social que el Ejecutivo ha reprimido con cientos de policías en tres ocasiones.
En este contexto, la infame condena de la mal llamada “justicia peruana” contra los líderes sociales defensores del agua y la vida en Islay, constituye un escalón más del proceso autoritario del Ejecutivo y las transnacionales para imponer los proyectos extractivos. Para ello han dado leyes que garantizan impunidad a los integrantes de las FFAA y FFPP que maten durante la represión de protestas sociales mientras que busca encarcelar a los dirigentes de esas luchas. Esta es la situación que han enfrentado y siguen enfrentando los luchadores sociales y políticos críticos de Conga en Cajamarca, Xstrata en Espinar y Cañariaco en Lambayeque, y que ahora enfrentan los luchadores políticos y sociales en Arequipa.
Como en los casos anteriores, estas acciones de amedrentamiento legal no tendrán éxito. Como en los casos anteriores, se trata de pueblos y dirigentes convencidos de la justicia de sus luchas en defensa del ambiente y la vida y de la búsqueda del bienestar por vías alternativas al extractivismo que se les quiere imponer.
Tierra y Libertad manifiesta su total rechazo a la sentencia judicial y llama a la lucha por su anulación; y reafirma su solidaridad con los pueblos de Islay y sus dirigentes. Así mismo, reafirma su apoyo a la lucha en defensa de las fuentes de vida, de las actividades agropecuarias de las familias campesinas y del derecho de los pueblos a decidir su propia forma de vida en sus territorios.

¡Tierra y Libertad está profundamente comprometido con las luchas populares del valle de Tambo contra la imposición del Proyecto Minero Tía María!

¡Tierra y Libertad denuncia y condena enérgicamente esta acción judicial de amedrentamiento contra Pepe Julio Gutierrez y los demás dirigentes del Frente de Defensa del valle de Tambo!

¡Tierra y Libertad anuncia que recurrirá a todas las vías legales nacionales e internacionales  para denunciar esta acción y exigir se anulen estas injustas sentencias!

¡Tierra y Libertad anuncia que seguirá apoyando incondicionalmente la resistencia del pueblo del valle de Tambo contra un proyecto minero que ya causó demasiado conflicto, demasiada muerte, demasiado dolor!

¡Abajo el amedrentamiento a los luchadores sociales del valle de Tambo!

¡Abajo la fraudulenta consulta social de la Southern y el Gobierno!
¡Respeto a la decisión soberana de los pueblos!
¡Tía María NO VA!


Lima, 19 de febrero de 2014
Comisión Política Nacional


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Ver noticia aquí: http://bit.ly/N8iGeD 
Audio de la sentencia: http://bit.ly/1m8oZLN

Mirar fotos aquí: http://on.fb.me/1gTUQh6

¡Compartir y difundir! http://youtu.be/Qs40f9Ub8EU 

miércoles, 8 de enero de 2014

TIERRA Y LIBERTAD CAJAMARCA ANTE USO DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES POR PARTE DE RONDAS URBANAS





TIERRA Y LIBERTAD CAJAMARCA
(Tierra y Dignidad)

PRONUNCIAMIENTO

Por Seguridad y Respeto de Derechos de Ciudadanas y Ciudadanos

Ante las denuncias públicas del uso de la violencia por parte de un sector de las rondas urbanas de Cajamarca contra mujeres que trabajaban en dos prostíbulos (uno clandestino y otro legal, de propiedad de Carlos Toledo) en la ciudad de Cajamarca:


  1. Expresamos nuestro rechazo y condena enérgica al uso de la violencia que ha hecho un sector de las rondas urbanas contra prostitutas, más aun sabiendo que ellas mismas, son víctimas de un sistema de trata de personas y de explotación en centros de comercio sexual donde proxenetas lucran con ellas;
  2.  Hasta antes de la llegada de la minería Cajamarca era una ciudad apacible y no había un solo prostíbulo registrado, hoy, entre legales e ilegales se mencionan más de 100 de estos centros de comercio sexual a los que muchos vecinos identifican además como lugares de trata de mujeres, de encuentro de delincuentes, de consumo excesivo de alcohol y drogas en donde se congregan además miembros de bandas criminales que asolan la ciudad ante la vista y paciencia de autoridades y policías corruptos que permiten la proliferación de muchos de estos centros ilegales y son complacientes con la explotación de las mujeres en los centros legales de un poderoso empresario que hace fortuna con el comercio sexual;
  3.  Una sociedad democrática tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, en este caso, de las prostitutas que han sido golpeadas por formar parte del sistema de explotación comercial, y tiene a la vez que garantizar derechos laborales y seguridad ciudadana. No obstante, esto no está ocurriendo en ciudades de rápido crecimiento económico en las cuales se incrementa exponencialmente la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Se necesita que las autoridades actúen eficientemente y coordinen sus actividades de resguardo ciudadano con las rondas urbanas y los vecinos,  de manera que ningún grupo social vulnerable sienta que deba administrar justicia por sus manos, más aún si es recurriendo al uso ilegítimo de la violencia;
  4. Denunciamos, también que existen sectores de la prensa local coludida con los intereses del proyecto minas Conga, que están buscando utilizar el inaceptable uso de la violencia que ha hecho un sector urbano de rondas de Cajamarca para afirmar irresponsablemente que estas rondas incluso podrían convertirse en "milicias armadas" (Diario Panorama 6.1.14) o grupos políticamente manipulables (Diario El Tiempo) buscando manipular a la opinión pública para conseguir la justificación de una acción estatal de prohibición o ilegalización de las rondas urbanas extendiendo el rechazo de la reprobable acción al actuar de las rondas campesinas presentándolas a ambas como "salvajes" o "fuera de la ley", precisamente para intentar quebrar la resistencia pacífica que éstas últimas han venido teniendo contra la imposición de minas Conga, en un momento en que el gobierno se apresta a crear más de 12 comisarías y un campamento de la DINOES en las inmediaciones de la Laguna El Perol para imponer el proyecto minas Conga, hecho que por cierto ninguno de estos medios locales, ni los nacionales que están rebotando la noticia han denunciado;
  5.  El vacío de autoridad policial y municipal eficiente para proporcionar seguridad ciudadana, está relacionado también con el hecho de que cientos de policías, bajo pago privado de la minera, se hallan acantonados, de manera permanente, en las instalaciones de Yanacocha y minas Conga, mientras la ciudad se halla desprotegida de una delincuencia común cada vez más agresiva y creciente vinculada a negocios ilegales que van desde el mercado de autopartes y consumo de drogas a prostíbulos ilegales que proliferan en diversas partes de la otrora pacífica ciudad.
  6.  Exigimos a las autoridades investiguen y sancionen a los responsables individuales de estos reprobables actos de violencia contra quienes han caído en las redes del comercio y la explotación sexual y llamamos a las rondas urbanas a cumplir su importante rol de apoyo y defensa de la seguridad ciudadana sin incurrir en violaciones de derechos humanos, más aún de mujeres que en una sociedad machista son fácilmente víctimas de múltiples formas de violencia.
  7. En Tierra y Libertad nos reafirmamos en la lucha por todos los derechos para todas y para todos y lucharemos siempre contra toda forma de abuso y de explotación comercial o social.


¡Por rondas urbanas y campesinas que defiendan y garanticen la justicia en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos!

¡Por autoridades que cumplan su rol de administrar con justicia la ciudad y combatan el crimen organizado, la trata de personas y los negocios ilegales!

¡Por la recuperación de las fuerzas para brindar seguridad ciudadana y cautelar bienes públicos en vez de hallarse concentrada al servicio de cuestionables actividades privadas que además de daños ambientales han traído gravísimos problemas sociales a Cajamarca!

Cajamarca, 8 de enero 2014
Comité Regional de Tierra y Libertad

Cajamarca